Expropiación Petrolera

En defensa de la soberanía mexicana

En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el General Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos Mexicanos: la Expropiación Petrolera.

Ésta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” y la Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial SA, que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización de “oro negro”.

Antecedentes

En el año de 1935 los trabajadores de las empresas petroleras buscaban aliarse para formar sindicatos, en un principio las compañías no lo permitieron y lograron impedir que esto sucediera. Después de un tiempo, este objetivo se cumplió y cada compañía tenía su sindicato de trabajadores.

El 27 de diciembre de 1935 se formó el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros para que permaneciera la unión y organización entre los miembros de este sector. El 29 de enero de 1936 este sindicato se unió al Comité Nacional de Defensa Proletaria, que fue el predecesor de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El 20 de julio del mismo año el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primera convención para mostrar un proyecto de contrato general con todas las empresas petroleras y se llamó a huelga para demandar el cumplimiento del contrato.

Lázaro Cárdenas, en ese entonces presidente de México, decidió intervenir para que las compañías firmaran el contrato, sin embargo, no se llegó a concretar ningún acuerdo y su mediación no obtuvo frutos. La huelga tuvo que posponerse alrededor de seis meses y se retomó el 28 de mayo de 1937, las consecuencias fueron radicales: nadie pudo comprar gasolina por 12 días.

El presidente Cárdenas tuvo que calmar la situación; la huelga se levantó con la condición de que no hubiera fallo alguno. Las empresas petroleras dijeron que no tenían fondos para cumplir con lo que los trabajadores demandaban y se acordó investigar a las compañías. Una vez que esto se llevó a cabo, los peritos concluyeron que la industria petrolera mexicana producía rendimientos superiores a la de Estados Unidos.

Esta determinación hizo que los empresarios petroleros se molestaran e hicieran amenazas de irse del país y llevarse todo su capital; aunado a esto, la situación se complicó debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no emitía un fallo.

Ante esta situación se respondió con una protesta, el 8 de diciembre de 1937 hubo un paro general de labores que duró 24 horas. Días después, la JFCA falló a favor de los trabajadores y exigió a las compañías que pagaran 26 millones de pesos en salarios que no se cubrieron en la huelga que ocurrió siete meses antes. El sindicato exigía 40 millones, sin embargo, las empresas se negaron y buscaron ampararse ante la Suprema Corte de Justicia.

La resolución de la Suprema Corte fue negativa para ellos, e incluso, causó que los obligaran a subir los sueldos y a mejorar las condiciones de trabajo. Ante la molestia de los empresarios, el presidente Lázaro Cárdenas buscó remediar la situación e intentó convencer al Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de que aceptaran el pago de 26 millones.

Hay testigos que afirman que el presidente, intentando llegar a un acuerdo con las compañías, les manifestó que si pagaban los 26 millones de pesos la huelga terminaría, y que fue por la desconfianza y despotismo de uno de los empresarios, que el presidente Cárdenas decidió expropiar las empresas petroleras.

Expropiación del petróleo

A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. Dos horas más tarde, se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales.

La decisión dejó absorta a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo dos grandes marchas en la ciudad de México que manifestaban el respaldo de los mexicanos: la del 23 de marzo, de la cual se dice que contó con la asistencia de casi cien mil personas, y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como peculiaridad que mujeres de todos los sectores sociales cooperaran para pagar la deuda que se tenía con las compañías.

 

PEMEX

El 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos para ser la única compañía que pudiera explotar y administrar los yacimientos de petróleo encontrados en el territorio mexicano. PEMEX ocupó algunas de las instalaciones de las compañías expropiadas.

En los primeros años, hubo algunos conflictos entre los trabajadores y PEMEX; existía el riesgo de huelga y había desacuerdos en cuanto a los derechos de los trabajadores.

No obstante, en 1942 se firmó el primer Contrato Colectivo de Trabajo en donde se establecen las cláusulas que regulan las condiciones laborales, administrativas y los acuerdos a los que llegan los sindicatos y PEMEX. Se consideró que este contrato tenía cláusulas avanzadas porque contemplaba dar a los trabajadores el derecho a los servicios médicos, prestaciones en caso de enfermedades, accidentes o muerte y jubilación.

Fuente:

http://www.bibliojuridica.org/libros/1/153/24.pdf

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Nuevos procesos de contratación de Pemex

Retos y oportunidades para las empresas nacionales

 

Lic. Antonio Juárez Alvarado, Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, A.C. (AMESPAC).

jajuarez@marcos.com.mx

La publicación de la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, y de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, abren una gran oportunidad para fomentar la participación de las empresas nacionales y el contenido nacional en los procesos de licitación de PEMEX. Los lineamientos enfocados a este propósito incluyen:

  • Tratamiento diferenciado y flexible a las actividades sustantivas de carácter productivo de Pemex y organismos subsidiarios a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica respecto la LAASSP1 y la LOPSRM2
  • Incremento de un mínimo de 8.8% del contenido nacional en Pemex para 2019, a partir de la base actual de 35.1%.
  • Requisito mínimo de 10% de contenido nacional para todos los proyectos “integrados mayores”, a partir del último trimestre de 2009.
  • Obligación de los proveedores, bajo protesta de decir verdad, de declarar el grado específico de contenido nacional de las obras, bienes y servicios de que se trate.
  • Preferencias en la calificación y selección, a favor de propuestas que empleen recursos humanos, bienes o servicios de procedencia nacional.
  • Establecimiento por parte de Pemex de un registro de Proveedores y Contratistas con información actualizada de los últimos cinco años de los contratos celebrados, datos sobre contenido nacional, e historial de cumplimiento de los mismos. Esta información servirá para determinar su participación y precalificación en los procedimientos de contratación.
  • En las licitaciones nacionales, los Organismos convocantes deberán adjudicar, en igualdad de circunstancias, a favor de las pequeñas y medianas empresas.
  • Estructuración de un área especializada dentro de Pemex para la promoción e incorporación de nuevos contratistas y proveedores nacionales.
  • Constitución de un Fondo en NAFINSA con objeto de promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales para la industria petrolera estatal, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

Pemex se encuentra en proceso de implementar estos lineamientos, destacando la creación de la Unidad de Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional, la inclusión de requisitos de contenido nacional en los nuevos contratos y la integración del Fondo NAFIN de apoyo a proveedores nacionales.

Sin embargo, para que estas medidas tengan un impacto efectivo, es necesario unificar y difundir entre el personal operativo de PEMEX criterios específicos en lo concerniente a: medición del grado de contenido nacional; fomento a la subcontratación de empresas nacionales; e inclusión de elementos como calidad, eficiencia y beneficio económico de largo plazo, como aspectos adicionales a calificar en las ofertas, además del precio. Ello conlleva una adecuación de la ley sobre responsabilidades de funcionarios para incorporar estos criterios

Finalmente, es urgente acelerar la integración del registro único e independiente de proveedores y contratistas, para contar con mejores herramientas para reconocer, evaluar y precalificar a los proveedores más confiables y facilitar su acceso a las nuevas licitaciones.

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Los nuevos contratos incentivados

Lic. Javier Zenteno Barrios, Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, A.C. (AMESPAC).

javierzenteno@zlmabogados.com

Entre las prioridades de Pemex está la reactivación de los campos maduros de hidrocarburos de la región sur de México, en los que existen reservas importantes que podrán ser explotadas si se atienden los retos técnicos y operativos.

Con este propósito, se anunciaron los Contratos Integrales EP o incentivados que van más allá de las tradicionales licitaciones, pues se contratarán por 25 años servicios integrales de evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos.

En éstos, los contratistas tendrán contraprestaciones conforme a una fórmula fija referida a dinero y número de barriles, e incentivos económicos por incrementos en la producción y abatimiento de costos operativos. No se generan derechos sobre producción, valor de la producción o reservas.

Los contratistas serán responsables de la prestación de los servicios con estándares internacionales y de la cobertura de los gastos para proveer personal, tecnología, materiales y financiamiento. Pemex Exploración y Producción (PEP), por su parte, controlará y supervisará los servicios; evaluará el desempeño del contratista y participará en 10% del proyecto y de la utilidad, a fin de reducir costos e incertidumbre en beneficio de la producción, transmitir a los contratistas información y experiencia de la paraestatal, y conocer tecnología y nuevas prácticas.

Sin prejuzgar el origen del capital, se propone la obligación de incorporar hasta 40% de contenido o valor agregado nacional (VAN), conforme al origen de los componentes y de los recursos humanos, materiales y servicios utilizados. La subcontratación se permite, siempre que no se transfiera a terceros la responsabilidad de los servicios.

Se prevén acciones de capacitación y educación para la investigación y el desarrollo sustentable, en la inteligencia de que corresponde a los contratistas la responsabilidad ambiental en el perímetro del área contractual y, en su caso, el pago de indemnizaciones conforme al contrato.

Los contratos son considerados como un activo con valor en el mercado, pudiendo los contratistas cederlos a título oneroso. También se puede cambiar al líder de la ejecución del contrato o al operador principal. En ambos casos se requiere la aprobación de PEP.

La adjudicación de los contratos mediante procedimientos de licitación pública se otorgará a quien oferte la menor tarifa por barril, previo cumplimiento de diversos requisitos, principalmente experiencia en operación de campos con producción de entre 10 y 30 mbd; inversión de recursos en proyectos similares y certificación HSE.

Con este nuevo modelo, Pemex está buscando la mejor manera de renovar su actuación, dentro de los todavía acotados límites legales y sin menoscabo de los principios constitucionales.

Las empresas que participen tendrán que modificar sus estrategias tanto en los procedimientos licitatorios como en la administración de los contratos para estar atentos a su equilibrio financiero y control de riesgos.

Para las empresas mexicanas, resultará una oportunidad renovada para consolidarse y especializarse a través de alianzas, formación de consorcios o de sociedades con objeto único, independientemente de su participación activa como subcontratistas.

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Las reservas de hidrocarburos en México

Se llama reservas de hidrocarburos a aquellos recursos petroleros que son recuperables y explotables comercialmente en un tiempo determinado.

Se considera que todas estas reservas involucran un grado de incertidumbre, que está sujeto principalmente a la cantidad y calidad de información geológica, geofísica, petrofísica y de ingeniería disponible en el momento en que se llevó a cabo la estimación e interpretación de esos datos.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el nivel de incertidumbre puede ser usado para colocar reservas en una de dos clasificaciones principales: probadas o no probadas. De entre las cantidades recuperables conocidas, los recursos contingentes son aquellos que no satisfacen los requerimientos de comercialización.

Si la rentabilidad de las acumulaciones de hidrocarburos ha sido establecida bajo las condiciones económicas de la fecha de evaluación, entonces estamos hablando de reservas probadas. Por su parte, las reservas probables y posibles suelen basarse en futuras condiciones económicas.

Las reservas probadas o 1P comprenden las cantidades de hidrocarburos estimadas, como el aceite crudo, el gas natural y líquidos del gas natural cuya recuperabilidad está demostrada con certeza; tomando en consideración las condiciones económicas y de operación vigentes en determinada fecha. Debido a que estas reservas tienen mayor certeza, aportan la producción y sustentan los proyectos de inversión.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, aquellas cantidades de hidrocarburos que son evaluadas según las condiciones atmosféricas son las reservas no probadas. Éstas se toman en cuenta extrapolando las características del yacimiento más allá de los límites de certidumbre razonable, o bien, considerando escenarios que no prevalecen en el momento de la evaluación.

Asimismo, los volúmenes probables son aquellas reservas no probadas que son más factibles de ser comercialmente recuperables, de acuerdo con los análisis de información geológica y de ingeniería del yacimiento. Estas reservas incluyen también a aquéllas que no es posible clasificar porque no se tiene la información suficiente.

Cuando la recuperación comercial de los hidrocarburos es más incierta que la de los volúmenes probables, se les llama reservas posibles, y se les clasifica así tomando como referencia su información geológica y de ingeniería.
A la suma de las reservas probadas, probables y posibles se les conoce como reservas totales o 3P.

Fuente: Petróleos Mexicanos

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